“La justicia no es negociable” aclaró alzando la voz Norma Ledezma, integrante de la organización civil de Chihuahua
Justicia para Nuestras Hijas y del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a los diputados y senadores que escucharon ensimismados su relato. Su intervención vino después de la de Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, en la que la diputada dijo que “hoy las puertas del Congreso de la Unión se abren de par en par a las exigencias de la sociedad civil”.
“Escuchar a la legisladora decir que hoy se han abierto sus puertas es lamentable”, apuntó Ledezma. “Llevamos cinco horas en este encuentro, dos sexenios y tres gobernadores, exigiendo justicia” en lo personal “nueve años, cuatro meses y 26 días, tocando puertas que no se abren” repasó.
La reunión entre miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y legisladores, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, tenía en efecto más de cinco horas de iniciada. El rostro compungido de senadores y diputados comenzó a tornarse pardo de cansancio.
Al inicio, en punto de las 10 de la mañana, arribaron los primeros legisladores, festivos, saludándose. Los familiares de las víctimas e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llegaron después, tomaron asiento y esperaron su turno para nombrar exigencias puntuales ante el micrófono, querían dejar claro que esta reunión no era una sesión de negociaciones.
“Ustedes tienen la palabra, nosotros la obligación” dijo al comenzar la discusión Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, quien fungió como moderador, para determinar que el tiempo límite por intervención para legisladores sería de cinco minutos, mientras que para los integrantes del Movimiento sería libre.
El primero fue Julio Cesar Márquez, padre de uno de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, quien demandó a los legisladores un periodo extraordinario para lograr el beneplácito de la Ley 5 de Junio. Puntualizó la urgencia del asunto. “Su aprobación garantizará estándares de calidad en atención a los niños”, insistió y los legisladores bajaron la mirada y apuntaron.
Más adelante fue el turno de Gabriela Cadena de Alejos, madre de Gabriel Alejos Cadena, asesinado junto con Juan Francisco Sicilia y cinco jóvenes más. Lloró y tomó de la mano al poeta, que se encontraba a su lado derecho, mientras señalaba que ese día se cumplían cuatro meses del asesinato de sus hijos. Su exigencia ante el Congreso de la Unión fue considerar un presupuesto específico para crear un fondo para víctimas, ya que después de la muerte de un familiar, “los que quedamos vivos luchamos por recuperar la paz emocional y económica”, expuso.
Al paso y sin pausas llegó otra intervención. Yuridia Armendariz, habitante de Creel, Chihuahua, hermana de uno de los 13 asesinados en una masacre cometida en su pueblo. “Hemos descubierto que El Colibrí, autor intelectual y material de la masacre, es sobrino directo de la entonces procuradora estatal Patricia González, ¡alias La Perra! – gritó e hizo una pausa para llamar la atención de los presentes, sólo se escucho silencio- la cual además dijo que los asesinados en estos hechos eran narcotraficantes, reduciendo todo a un encontronazo de narcos”, denunció con enojo.
Posteriormente Álvarez Icaza, ex Ombudsman capitalino, propuso la creación de una ley integral para la atención de víctimas. Manifestó el desastre en el que se encuentra el Servicio Médico Forense (Semefo) de México. Pidió a los legisladores la planeación de un presupuesto para la creación de una base de datos de desaparecidos y un registro nacional para personas desaparecidas accesible para el público. “Adelantémonos a lo que pasó en Colombia. Un Estado ausente es eventualmente peor que un Estado fallido, porque no existe”, concluyó.
Le siguió Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), quien planteó la creación de una auditoria federal de las policías que, sujeta a la Auditoría Superior de la Federación, vigilaría el desempeño de las policías en el país, pero sin facultades disciplinarias, el Congreso sería quien recibiera los resultados de las auditorías.
Y así hablaron uno por uno los integrantes del Movimiento. Javier Sicilia dirigió su voz al micrófono una vez al principio de la reunión. “La nueva sede del Senado es la manifestación arquitectónica de quienes deciden encerrarse en su bunker y mirarse a sí mismos” Por omisión, ignorancia o complicidad, son responsables de la violación constitucional de sacar las fuerzas militares en asuntos públicos, también por asignar presupuesto” recalcó.
Después sólo presentó por su nombre a los oradores, fumó dos o tres cigarros dentro del recinto y lloró una vez ante el público. “Ustedes hasta ahora sólo han sido operadores políticos y no legisladores” reclamó.
En respuesta, las primeras intervenciones de los diputados resaltaron que entre ellos y el Movimiento existe la coincidencia de una reforma política, e igualmente la idea de la necesidad de humanizar el combate al crimen. “Se me va el aire sólo de pensar en la tragedia de perder a un ser querido” pronunció altisonante el senador Arturo Escobar, del Partido Verde Ecologista de México.
Del otro lado de la mesa de diálogo, en la escuadra contraria, los rostros eran de indiferencia a discursos políticos, cruzados de brazos, con expresiones de desespero.
Alejandro Gertz Manero, diputado de Convergencia, dijo “Exhorto a Emilio Álvarez Icaza a que me conteste el teléfono para ponernos de acuerdo para empezar a trabajar a la brevedad”, y señaló que en repetidas ocasiones había intentado comunicarse con él sin obtener resultado.
El activista, después de dejar pasar otras intervenciones, como planeando la defensa correcta, respondió al diputado que, la diferencia en que él no contestara el teléfono y un senador no hiciera su trabajo, existía. No tardó en escucharse la bulla en el salón pero, antes de que nada más sucediera, Manlio Fabio Beltrones anunció un receso de 15 minutos, después de tres horas y media de iniciada la reunión.
Y de regreso, lo primero que se exigió fueron fechas, la seguridad de que no se aprobará la Ley de Seguridad Nacional y la necesidad de direccionar el presupuesto para lograr todos los “sís” que refirieron: “sí a la ley de víctimas, sí a la comisión de la verdad, sí al fondo para víctimas, sí a los cinco ciudadanos representantes del Movimiento en cada Cámara, sí a la auditoría de las policías, sí a la reforma política” enumeró, y palomeó uno por uno en sus escritos, Icaza.
Cuando en la siguiente intervención una integrante del Movimiento señaló que antes de pensar en asignar presupuestos era necesario un tribunal de justicia anti-corrupción y un verdadero sistema de fiscalización, que se encargue de evitar el lavado de dinero, en los rostros de los legisladores la paciencia comenzó a escurrirse. Se miraban unos a otros como diciendo “¡Están dispuestos a discutirlo todo!”. Así que vino la intervención de Beltrones nuevamente “Sería muy difícil que hubiera una conclusión de todos los representantes de la Cámaras” Pero tenemos todo el interés de discutir del tema presupuestal con el Ejecutivo” propuso.
Se les cedió la palabra a otros senadores. Sebastian Lerdo de Tejada dijo estar dispuesto a que se realice la reforma política y se comprometió a seguir el diálogo con el Movimiento. Otra senadora pasó de candidaturas ciudadanas a fuero militar en un mismo comentario. La tensión comenzó a crecer. Y en seguida, el discurso de Josefina Vázquez Mota, iniciado con un “Querido Javier…”, terminó por hacer explotar el cúmulo de impaciencias en los representantes del Movimiento.
“¡Que la justicia no es negociable!”, resaltó con voz agotada Norma Ledezma, quien fundó de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas después de que su hija, Paloma Escobar Ledezma, fue asesinada en 2002. Lleva más de nueve años luchando contra la impunidad y la desesperanza, pero en ese momento se desespera. Pasaron cinco horas de diálogo entre legisladores y víctimas, no se definió concretamente nada.
“No confiamos en sus partidos, se los decimos claramente”, exclamó la integrante más joven del movimiento, quien llamó a revisar la iniciativa del primer empleo y a sacar del congelador la de obligatoriedad de la educación media superior. “¡Amplíen la matrícula educativa! En el Movimiento de Excluidos tenemos la certeza de que la solución a la seguridad es la educación pública”, expresó.
Al final “No hemos encontrado un proceso legislativo para resolver la guerra”, se dijo del lado de las víctimas y se planteó como exigencia principal a los senadores y diputados. Los legisladores, para concluir, se pronunciaron pendientes a las demandas del Movimiento. Lo demás quedó en el discurso de bienvenida de Beltrones “Ustedes tienen la palabra, nosotros la obligación”.
